lunes, 25 de mayo de 2015

ENERGÍA SOLAR ... SI ó SI




FOTOVOLTAICA Y SEGURIDAD JURÍDICA EN ESPAÑA.


62.000 FAMILIAS ESTAFADAS, UN SECTOR ARRASADO Y LA CREDIBILIDAD DE UN PAÍS CUESTIONADA





ANPIER
Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energía Fotovoltaica
Agustín de Betancourt, 17 – 1ª Planta
28003- Madrid
T.: (34) 91 133 68 77

ANPIER, Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energía Fotovoltaica, organización de ámbito nacional y sin ánimo de lucro, para la representación y defensa de los intereses de productores e inversores de energía solar fotovoltaica.



Hasta la entrada en vigor del conjunto de normas que se han conocido como “reforma eléctrica”, el régimen retributivo de las instalaciones fotovoltaicas se venían estableciendo por un lado, en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, y por otro, por el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007.

El mecanismo de retribución de las instalaciones en aquéllas normas era muy sencillo, se establecía en el cálculo de la multiplicación de la energía generada por una tarifa fijada por la propia Ley, todo ello bajo los parámetros de una preceptiva rentabilidad razonable que al efecto auspiciaba la Ley 54/1997; con el objetivo, expuesto con claridad en ambos Reales Decretos, de desarrollar estas tecnologías y reducir las emisiones de CO2.

Para llegar a las familias ahorradoras españolas, el Estado lanzó una campaña intensiva a través del IDAE, bajo el Eslogan "Es sol puede ser tuyo", que motivó que 62.000 familias destinaran 20.000 millones de Euros, de los cuales adeudan a la banca 18.000, a estas inversiones éticas y garantizadas por el Estado.

Conviene recordar que el primer Real Decreto que instaura la fijación de primas para la promoción del desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica fue el RD 436/2004 (bajo un Gobierno del Partido Popular), dicho RD fue perfeccionado por el RD 661/2007, que incorpora a las instalaciones anteriores a un nuevo marco que tenía vocación de futuro.

Con la entrada en vigor del RDL 9/2013 se quebranta el planteamiento que el Estado hizo a sus ciudadanos.
Disposición adicional primera. Rentabilidad razonable de las instalaciones de producción con derecho a régimen económico primado.
A los efectos de lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 30.4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, para las instalaciones que a la fecha de la entrada en vigor del presente real decreto ley tuvieran derecho a un régimen económico primado, la rentabilidad razonable girará, antes de impuestos, sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de los diez años anteriores a la entrada en vigor del presente real decreto-ley de las Obligaciones del Estado a diez años incrementada en 300 puntos básicos, todo ello, sin perjuicio de la revisión prevista en el último párrafo del citado artículo”.

Establecía con carácter ex novo la conceptualización una supuesta, pero falaz, rentabilidad razonable para las instalaciones de las 62.000 familias fotovoltaicas españolas.

Artículo 1. Modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico queda modificada en los siguientes términos: (…)
Dos. Se modifica el artículo 30.4 que queda redactado como sigue:
«4. Adicionalmente y en los términos que reglamentariamente por real decreto del Consejo de Ministros se determine, a la retribución por la venta de la energía generada valorada al precio del mercado, las instalaciones podrán percibir una retribución especifica compuesta por un término por unidad de potencia instalada, que cubra, cuando proceda, los costes de inversión de una instalación tipo que no pueden ser recuperados por la venta de la energía y un término a la operación que cubra, en su caso, la diferencia entre los costes de explotación y los ingresos por la participación en el mercado de dicha instalación tipo.
Para el cálculo de dicha retribución específica se considerarán, para una instalación tipo, a lo largo de su vida útil regulatoria y en referencia a la actividad realizada por una empresa eficiente y bien gestionada:
a) Los ingresos estándar por la venta de la energía generada valorada al precio del mercado de producción.
b) Los costes estándar de explotación.
c) El valor estándar de la inversión inicial.
(…)
Como consecuencia de las singulares características de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, podrán definirse excepcionalmente instalaciones tipo específicas para cada uno de ellos.(…)
Esta rentabilidad razonable girará, antes de impuestos, sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de las Obligaciones del Estado a diez años aplicando el diferencial adecuado.
Los parámetros del régimen retributivo podrán ser revisados cada seis años.»

El Gobierno modificaba de plano el sistema de retribución de todas las instalaciones de generación renovable pasando a tener una retribución resultado de la suma de la producción de los Kw generados por el precio del mercado mayorista, más una retribución específica obtenida a partir de unos valores estándares para cada instalación (IT) que por medio de real decreto serían establecidos, eliminando el sistema de primas existente hasta el momento.
El 10 de junio se publica el RD 413/2014 y el 20 de junio la Orden OIET/1045/2014, que asigna a cada planta una arbitraria etiqueta IT (instalación tipo), que determina sus retribuciones.

La Comisión Nacional de la Energía se vio obligada a recordar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo lo obvio: “la razón de ser de la existencia de los incentivos económicos a la producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos es corregir uno de los llamados “fallos de mercado” en el sentido de compensar los costes ambientales, sociales y de suministro a largo plazo que otras formas de generación no internalizan por completo, para así definir un terreno de juego equilibrado y conseguir un desarrollo energético económica y medioambientalmente sostenible que cumpla además con los objetivos previstos en la planificación y con los compromisos adquiridos con la Unión Europea” y subraya que “no se tiene constancia de que exista un modelo retributivo similar al reflejado en la propuesta en ninguna jurisdicción de la Unión Europea, así como tampoco en otros países de cuyos sistemas de apoyo se tiene conocimiento a través de asociaciones internacionales de organismos reguladores”
Por otra parte, advierte la CNE que “en la formulación adoptada por la propuesta, el término de retribución a la inversión puede alcanzar valores negativos. La posibilidad de una retribución negativa podría considerarse incompatible con el diseño de un régimen retributivo específico que persigue fomentar este tipo de producción complementando los ingresos obtenidos de la venta de energía en el mercado”

Es inverosímil que la fijación de IT y parámetros retributivos sea rigurosa ni honesta si con anterioridad, un año antes, en la presentación del RDL 9/2013, se cuantificaba el resultado de los recortes. Antesala de una farsa en la que se adjudica a cada instalación una determinada inversión estimada que determina su retribución, sin tener en cuenta si era un gran promotor o mero ciudadano que adquiría una instalación al final de toda la cadena, y a pesar de que las familias conservan las facturas de los montantes reales que asumieron y financiaron. Un marco que no considerar la energía que se genera, sólo la potencia, lo que penaliza la eficiencia y el sentido común. Una regulación que limita la estabilidad a revisiones trienales sobre un fórmula retributiva incomprensible y mutable a criterio de una Secretaria de Estado, que expulsa del sistema a toda familia que no se adecue a la compleja nueva realidad normativa, pensada para grandes empresas y no para ciudadanos. Ahora se trata de expulsarles del sistema, como en un principio se trató de captar sus ahorros.

Captaron ahorros e ilusión y a los pocos meses de estar financiadas, instaladas y operativas las plantas, las 62.000 familias fotovoltaicas españolas se enfrentan a un interminable rosario de decretos retroactivos que han mermado de manera alarmante las rentabilidades ofrecidas por el Estado, con recortes acumulados que alcanzan el 55% de los ingresos que se garantizaban y que impiden afrontar los compromisos de pago soportados por los productores, que siguiendo las sugerencias financieras del Ministerio, se endeudaron con financiaciones de hasta el 80% del valor de las plantas. La sucesión de recortes retroactivos en los últimos 4 años ha sido la siguiente:

  1. Limitaciones al cobro de la tarifa regulada establecidas por el RD 1565/2010, que reduce drásticamente los años con derecho prima de manera retroactiva.
  2. Limitaciones al cobro de la tarifa regulada establecidas por el RDL 14/2010 y la Ley de Economía Sostenible, que reduce las horas primadas de manera retroactiva, la mayoría de las plantas alcanzan este límite en el mes de agosto.
  3. Imposición de un impuesto del 7% a la producción de energía establecido por la Ley 15/2012, y que este colectivo no puede repercutir como el resto de sujetos pasivos de esta nueva carga impositiva.
  4. No actualización de las retribuciones correspondientes a las tarifas reguladas y el IPC General (RDL 2/2013).
  5. Nuevo marco legal del RD 9/2013 que establece una supuesta pero falaz retribución razonable, que en la práctica supone la quiebra de la mayoría de las instalaciones tal y como están financiadas.
  6. Imposición de soportar Déficit de tarifa a las familias del sector en igualdad con los grandes operadores nacionales (Ley 24/2013), en contra de la opinión del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional.
  7. A estos recortes hay que añadir los elevados costes financieros que han supuesto las sucesivas refinanciaciones con la banca, que ha ido elevando los tipos de interés y condiciones al percibir los riesgos regulatorios.

La imposiciones derivadas de la Reforma Eléctrica impuesta por el Gobierno del Partido Popular suponen una modificación retroactiva que quiebra a 62.000 familias y con ella la seguridad jurídica del sector y la confianza en el Estado español de inversores y ciudadanos: "We will not put another penny in Spain."

Las renovables no son causantes del déficit de tarifa, así lo sostiene la propia Unión Europea, en el Dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad de España para 2012-2015 (pág. 26), la Comisión sentencia: "Una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido, al menos en parte, a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas"


El impacto económico inicial de las renovables estaba contemplado y perfectamente justificado en los reales decretos que las impulsan, puesto que su coste ha tenido, tal y como estaba previsto, retornos evidentes, al madurarse la tecnología fotovoltaica, que ya no precisa primas, y permitir un cambio de modelo energético. Además, dichas primas suponen un montante inferior al que se hubiera debido afrontar nuestro país sin ellas, en precios más elevados del mercado mayorista, exportaciones de combustibles fósiles y precio por tonelada de emisiones de CO2.

Si cada kW que consumimos los españoles se remunerara en función de sus costes de producción, no existiría el actual déficit de tarifa, figura desconocida en el resto del mundo. Familias, empresas y fotovoltaicos financian un déficit de tarifa que, además de virtual, sólo beneficia a un reducido número de empresas que, además, tienen otorgada la capacidad de titularizar la demora de los pagos, por lo que todo es beneficio desde el principio, como se refleja en el comportamiento bursátil que registran, al alza en unos años económicamente nefastos para la economía y la sociedad española. Estos costes, además de los cientos de millones de Euros que el sistema ha destinado a partidas poco transparentes, no tienen la legitimación que la UE otorgó a las primas para el fomento de las energías renovables, que en tiempo record han logrado que estas tecnologías ya no precisen ayudas para la implantación de nuevas instalaciones.

El fomento primado de las tecnologías renovables no ha sido una singularidad española, se ha realizado en todos los países desarrollados y, en especial, en la Unión Europea, dada su precaria posición energética. Las ayudas se han ido reduciendo conforme la curva de aprendizaje fotovoltaica lo permitía, sólo en España se ha detenido abruptamente la implantación de renovables y se ha desmantelado el marco legal que se ofreció a sus ciudadanos, la propia Comisión Europea, advertía de los riesgos de cambiar retroactivamente las normas y países como Gran Bretaña y Alemania fueron también taxativos a este respecto.

Los productores fotovoltaicos españoles vamos a emprender acciones judiciales en masa (350 demandas en un mes contra el Decreto de renovables), igual que los fondos internacionales. La retroactividad en la normativa de aplicada a las renovables, han llevado a España a ser el país del mundo con mayor número de demandas por infracciones a la carta de la energía, doblando al segundo clasificado de este ranking del desprestigio, lo que ha llevado al Gobierno español a realizar viajes oficiales al exterior para mediar con estos inversores, sin embargo, las puertas del Ministerio están cerradas para las familias españolas. A pesar de todo, los inversores internacionales han perdidos toda confianza en la seguridad jurídica de nuestro Estado.

El Defensor del Pueblo considera que las familias españolas sufren agravió comparativo con respecto a las posibilidades de los inversores foráneos, que tienen la oportunidad de poder pedir justicia en una instancia exterior, ajena a la Administración española, en cuyas instancias judiciales parecen no confiar, las mismas a las que están irremisiblemente avocadas las familias españolas.
El uso de la fórmula del Real Decreto Ley es una maniobra más para garantizar al indefensión de este colectivo, puesto que no puede recurrirlo de manera directa y precisa de aquellas instancias habilitadas para interponer recursos de inconstitucionalidad, que Gobiernos conservadores como los de Murcia, Extremadura o Navarra han interpuesto por decencia o cálculo electoral. Dado el elevado número de manifestaciones contrarias a los cambios retroactivos vertidas por sus dirigentes en la oposición y la dramática situación social que supone el nuevo marco, por ejemplo: El Ex Ministro Cañete, Carlos Floriano, las vertidas por el propio Mariano Rajoy en sede parlamentaria que reprochaba al Gobierno Zapatero: “Lo que usted se propone -sería bueno que aclarara esto- es echar todo por tierra con ese proyecto de decreto de tarifas de energías renovables que limita los apoyos, crea inseguridad jurídica en las inversiones a largo plazo y amenaza con efectos retroactivos a las inversiones ya realizadas”, e incluso Soria siendo ya Ministro. Una convicción en la seguridad jurídica como elemento esencial para las renovables que ya llevaron en sus programas electorales.
Anpier ha recordado reiteradamente al Gobierno la urgencia de diseñar un nuevo modelo energético rentable y responsable, alineado con las preferencias de la ciudadanía. En este sentido, el pasado 8 de enero de 2013 el Eurobarómetro (Flash Eurobarometer 360) publicó los resultados de una consulta realizada a 25.525 ciudadanos de la Unión, en ella se constata que el 70% de los europeos quieren se prioricen las energías renovables en sus respectivos países, un dato que en el caso de España, supera ampliamente la media europea: el 81% del pueblos español reclama un nuevo modelo energético basado en el uso de energías renovables.

Datos Flash Eurobarometer 360:



Los productores fotovoltaicos españoles defenderemos nuestros derechos y la dignidad hasta las últimas consecuencias en todos los foros e instancias posibles.
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Y para terminar os dejo mi vídeo q ha llovido ya desde el 2010 pero al final se vera la luz y para algunos la sombra y si es posible entre barrotes

Carta abierta a D. Miguel Sebastian


Mi deseo es que haya sitio en las zonas de vacaciones .... SOTO DEL REAL .... ALCALA MECO....OCAÑA1..... ALHAURIN DE LA TORRE ... PICAÑA ...



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